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No hay sitio para los árabes en la tierra prometida (Crónicas desde palestina VI)

Un 24% de la ciudadanía israelí son palestinos. Israel los llama árabe-israelíes. Su situación, siendo mejor que la de la población palestina de los territorios ocupados, no deja ninguna duda: son ciudadanos de segunda.

Buthaina es una arquitecta palestina que estudió en Checoslovaquia y se especializó en urbanismo. Ella trabaja en Ramle para Shatil, un proyecto de conservación de la multiculturalidad de las llamadas ciudades mixtas. Es concejal en el Ayuntamiento representando a una coalición entre el partido comunista israelí y un partido árabe: ”Somos dos de un ayuntamiento de 17”, comenta.

Antes de la Nabka -la catástrofe que supuso la destrucción de 500 poblaciones y la expulsión de medio millón de palestinos de su tierra-, un tercio de la población palestina se concentraba en cinco ciudades: Haifa, Jaffa, Aco, Lod y Ramle. Dos millones y medio de refugiados palestinos proceden de estas cinco ciudades. Durante la Nabka, de 20.000 palestinos que vivían en Ramle sólo quedaron 900. El resto fue expulsado a la fuerza por un destacamento sionista dirigido por Isaac Rabin, que luego sería primer ministro de Israel. Ramle era el punto central de una región donde 64 poblaciones palestinas fueron arrasadas.
Tras la expulsión de la población, vino el saqueo. En las cinco ciudades, 44.000 edificios palestinos -escuelas, hospitales, viviendas, mezquitas, etc- fueron expropiados por el nuevo Gobierno israelí. De ellos, 22.000 edificios han sido demolidos en una política de destrucción de los vestigios palestinos. De los 3.800 edificios confiscados de Ramle sólo quedan en pie un 20%.

Ramle fue fundada en el 716 por el califa Suleiman y su localización ya aparecía en los mapas que se entregaban a los cruzados y a los peregrinos porque se encontraba en el camino a Jerusalén. “La destrucción de estos vestigios supone un atentado a la historia común de las tres culturas. Actualmente, siguen demoliendo casas y edificios en un intento de borrar la historia. En los últimos cinco años, 180 casas han sido demolidas entre Ramle y Lod. Sólo en esta última ciudad, hay 600 órdenes de demolición. Ahora, hay tres veces más demoliciones de casas dentro de Israel que en los territorios ocupados” afirma Buthaina.

En Ramle, el 20% de la población es palestina. “Nos tratan como un peligro demográfico. Si la población árabe sobrepasa ese porcentaje, automáticamente traen nuevos inmigrantes.

“El racismo es abierto”, denuncia Buthaina. Yoel Lovi, el Alcalde, del Likud antes y ahora del Kadima quiso cambiar el nombre de la ciudad con la excusa de que los inversores no iban a inyectar dinero en una ciudad con nombre árabe. De momento no lo ha conseguido, pero sí ha borrado todos los nombres árabes de la ciudad antigua. “Nada más llegar al Ayuntamiento nos dijo a los dos concejales de nuestro grupo: no sois bienvenidos aquí, iros a otro sitio”.

En el barrio árabe -que existe desde antes de 1948- sólo viven en la actualidad 180 personas. No había conexión entre este barrio y el centro. Ningún autobús llegaba aquí, incluso el autobús para el transporte escolar fue suprimido por el Alcalde. “Conseguimos una parada de autobús para conectar el barrio con el resto de la ciudad porque ganamos el juicio. El Alcalde se negó, pero ha tenido que aceptarla, aunque no hay ninguna protección contra el sol o la lluvia”, sentencia Buthaina.

Una vía de tren separa ambos centros urbanos y los niños tienen que cruzar la vía todos los días en varias ocasiones sin que haya ningún paso señalizado ni seguridad alguna dado que el tren pasa a gran velocidad y apenas se escucha cuando llega.

Seis personas han sido atropelladas. Ahora hay un plan para duplicar las vías y se ha solicitado un paso subterráneo pero el Alcalde se ha negado porque afirma que el barrio es ilegal. Es “ilegal” porque en el PGOU, el Alcalde, ha colocado el barrio árabe dentro de una zona industrial donde no puede haber viviendas. Para colmo una cantera próxima está haciendo que los casos de asma se disparen.

El racismo del Alcalde llega a límites surrealistas. Por propia iniciativa, los habitantes del barrio árabe levantaron un jardín de infancia y le pusieron “Parque Amir” en recuerdo de uno de los niños atropellados. Pero el Alcalde dijo que no se podía poner ese nombre y que el parque era ilegal y amenaza con desmantelarlo.

El racismo de estado se manifiesta, también, mediante los planes urbanísticos. Todo vale con tal de expulsar, marginar, discriminar… a los árabes que no pueden tener sitio en la tierra prometida.

Javier García · Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla ---------------

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